Pasaporte europeo de baterías: guía práctica para compradores y proveedores antes de febrero de 2027

Pasaporte europeo de baterías: guía práctica para compradores y proveedores antes de febrero de 2027

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En el sector energético, las cuestiones de cumplimiento normativo suelen resultar familiares. Marcado CE, RoHS, REACH, RAEE: cada una de estas obligaciones atravesó una fase de adaptación antes de convertirse en un trámite administrativo habitual.

Sería tentador situar el Pasaporte Digital de Producto en la misma categoría: una sigla más, un formulario más, una casilla adicional que marcar antes de realizar un envío.

Sería un error.

No porque el pasaporte sea especialmente complejo, sino porque, a diferencia de muchos plazos regulatorios, este no desaparecerá ni se aplazará simplemente porque las empresas no estén preparadas.

El Reglamento (UE) 2023/1542 establece el 18 de febrero de 2027 como la fecha a partir de la cual el pasaporte de baterías será obligatorio para las baterías de vehículos eléctricos, las baterías de medios de transporte ligeros y las baterías industriales de más de 2 kWh comercializadas en la Unión Europea.

Y, sin embargo, la mayoría de las empresas afectadas —tanto fabricantes, que deberán generar el pasaporte, como compradores, que deberán asegurarse de que sus proveedores sean capaces de hacerlo— siguen tratando la cuestión como un problema lejano.

Este artículo se dirige a ambos.

Qué exige realmente el pasaporte de baterías

Resulta tentador, aunque inexacto, considerar este reglamento como un certificado adicional que debe añadirse a una documentación de conformidad ya extensa.

En realidad, supone un cambio en la propia naturaleza de la prueba de conformidad.

En lugar de una carpeta de documentos PDF que el proveedor facilita cuando se le solicitan, el pasaporte de baterías es un registro digital vinculado a un identificador único incorporado a la propia batería y accesible directamente por un regulador, un reciclador o un comprador.

Pasaporte de baterías: fechas clave

Agosto de 2023 — Entrada en vigor del Reglamento (UE) 2023/1542.

Febrero de 2025 — Las declaraciones de huella de carbono pasan a ser obligatorias para las baterías de vehículos eléctricos, las baterías de medios de transporte ligeros y las baterías industriales de más de 2 kWh. Esta obligación ya se encuentra actualmente en vigor.

Febrero de 2026 — Introducción de las clases de rendimiento y durabilidad, de A a E.

18 de febrero de 2027 — El pasaporte de baterías pasa a ser obligatorio. Sin él, una batería afectada por la normativa no podrá comercializarse legalmente en el mercado de la UE.

Febrero de 2028 — Comienzan a aplicarse los límites máximos de huella de carbono.

2031 / 2036 — Entrada progresiva en vigor de los requisitos mínimos de contenido reciclado para el cobalto, el litio, el níquel y el plomo.

Hay dos aspectos de este calendario que merecen especial atención.

En primer lugar, las declaraciones de huella de carbono no son una cuestión de 2027. Son obligatorias desde febrero de 2025. Esto significa que cualquier proveedor que todavía no pueda facilitarlas ya está retrasado respecto de una obligación actualmente vigente.

En segundo lugar, cuando el propio pasaporte sea obligatorio en febrero de 2027, no podrá reducirse a un único formulario.

La guía técnica de la Comisión Europea publicada en agosto de 2026 identifica 71 puntos de datos distintos, que abarcan la identificación, las propiedades físicas y químicas, el rendimiento, la documentación técnica y datos operativos dinámicos, como el estado de salud de la batería.

Un nivel de detalle de este tipo no puede improvisarse en el último momento, ni por parte del proveedor ni por parte del comprador.

Una cuestión que va mucho más allá de las baterías

Las baterías son la primera categoría de productos obligada a adoptar un pasaporte digital, pero no serán la última.

El Reglamento de baterías forma parte de un marco más amplio, el Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles (ESPR), que progresivamente impondrá Pasaportes Digitales de Producto a familias enteras de productos industriales.

Por el momento, los productos fotovoltaicos y los sistemas de almacenamiento estacionario, considerados como categorías de producto independientes, no cuentan con un acto delegado ni con un calendario definitivo. La Comisión Europea continúa incluyéndolos entre las categorías en estudio, junto con productos como pinturas y detergentes.

Sin embargo, hay algo que está fuera de duda: la dirección regulatoria ya está definida.

La Comisión Europea aspira a que, de aquí al final de la década, la mayoría de los productos manufacturados comercializados en la UE estén sujetos a alguna forma de pasaporte digital.

Las baterías simplemente inauguran el sistema. No constituyen un caso aislado.

Sea cual sea la categoría de producto afectada en el futuro, el pasaporte termina respondiendo a las mismas seis preguntas fundamentales, las que naturalmente se plantea cualquier persona que no haya fabricado el producto: un comprador, un reparador o un reciclador.

¿De dónde procede?

¿De qué está hecho?

¿Cuál es su impacto ambiental, desde su producción hasta su utilización?

¿Qué vida útil se le ha asignado?

¿Cómo puede repararse?

¿Y cómo debe desmontarse al final de su vida útil?

El reglamento agrupa estas respuestas en seis categorías de datos obligatorios. Cada futuro acto delegado incorporará campos específicos del sector correspondiente sin modificar esta estructura común.

• La identificación constituye el documento de identidad del producto: fabricante, modelo, país de origen y número de lote.

• La composición especifica qué contiene realmente el producto: materiales, posibles sustancias peligrosas y proporción de materiales reciclados.

• La huella ambiental corresponde al ámbito del análisis del ciclo de vida, resumido mediante una cifra de huella de carbono y, en aquellos sectores para los que la Comisión haya establecido una metodología, mediante una puntuación PEF más amplia (Product Environmental Footprint).

• La durabilidad cubre la vida útil prevista y la resistencia al uso. En una batería, esto se traduce concretamente en el número de ciclos de carga que se espera que pueda soportar.

• La reparabilidad se refiere a la disponibilidad real de piezas de repuesto, la facilidad de desmontaje y, cuando exista para esa categoría de producto, un índice de reparabilidad.

• El final de vida, por último, abarca la reciclabilidad del producto, las vías de recuperación disponibles y la información que necesita un recolector o reciclador para tratar correctamente el producto.

Un proveedor que haya trabajado seriamente estas seis dimensiones para una batería ya habrá realizado una parte importante del trabajo de base que podría exigirle un futuro acto delegado aplicable a otro producto.

Precisamente por ello, el trabajo realizado para preparar el pasaporte de baterías no constituye un coste perdido específico de las baterías, sino una inversión reutilizable:

trazabilidad de la cadena de suministro, un proceso operativo de análisis del ciclo de vida y una diligencia debida en compras capaz de superar un examen detallado.

Esta infraestructura podrá reutilizarse cada vez que una nueva categoría de producto quede sometida a su propio acto delegado.

Un detalle sorprende a muchas empresas: el sistema no contempla ningún umbral relacionado con el tamaño de la empresa.

Un pequeño ensamblador de paquetes de baterías está sujeto esencialmente a las mismas exigencias documentales que un fabricante multinacional de celdas cuando su producto se encuentra dentro del ámbito de aplicación correspondiente.

Quién asume realmente la obligación

Otro aspecto del reglamento genera más confusión que muchas de sus exigencias técnicas:

la obligación recae sobre quien introduce el producto en el mercado de la UE, no necesariamente sobre quien fabricó sus componentes.

Una empresa que compra celdas a un proveedor situado fuera de la UE y las ensambla en un paquete de baterías terminado deberá elaborar el pasaporte correspondiente a ese paquete, no el fabricante de las celdas, independientemente de las garantías incluidas en la orden de compra.

Del mismo modo, un distribuidor que importe un sistema de almacenamiento terminado desde fuera de la UE asumirá esa misma obligación como importador, aunque todos los componentes hayan sido fabricados y probados por terceros.

No se trata de una particularidad del sector de las baterías. Es la misma lógica que se aplica al marcado CE y al resto del derecho europeo de productos.

Este aspecto resulta especialmente importante para los compradores que realizan su propio ensamblaje o comercializan productos bajo su propia marca.

Una empresa que combine celdas, módulos o subsistemas procedentes de distintos proveedores y comercialice el producto terminado bajo su propia marca asumirá ella misma la obligación relativa al pasaporte.

Para construirlo necesitará los datos que deberán proporcionarle sus proveedores.

Intentar obtener esos datos en el último momento de proveedores a los que nunca se les habían solicitado coloca a la empresa en una situación mucho más complicada que la de un simple revendedor de un producto terminado que ya dispone de pasaporte.

Esta es una de las razones por las que Audit 9.0 solicita desde el principio al proveedor que identifique su función dentro de la cadena de valor y a su representante legal en la UE.

El punto ciego de los proveedores

Si hoy se pregunta a la mayoría de los fabricantes de baterías o sistemas de almacenamiento si cumplen el Reglamento de baterías, la respuesta más sincera será a menudo: «En principio, sí».

Pero si después se les pide que presenten en poco tiempo todos los documentos que lo demuestran, la respuesta cambia.

Es precisamente en esa diferencia —entre cumplir en teoría y disponer de un conjunto de pruebas que permita demostrarlo inmediatamente— donde la mayoría de los proveedores perderán tiempo de aquí a febrero de 2027.

Parte de la confusión procede de la manera en que suele presentarse el pasaporte.

Con frecuencia se plantea principalmente como una decisión de software:

¿Qué plataforma?

¿Qué proveedor tecnológico?

¿Qué estándar de código QR?

Esta parte puede resolverse con relativa rapidez. Elegir y configurar una solución de alojamiento del pasaporte puede llevar unas pocas semanas.

Pero también es prácticamente la parte secundaria del problema.

La plataforma es únicamente el contenedor.

El contenido real es el análisis del ciclo de vida, el expediente de composición y el informe de diligencia debida.

Y es ese contenido el que realmente necesita meses de trabajo.

Un proveedor que esté comparando diferentes plataformas de DPP mientras todavía no ha comenzado a recopilar los datos subyacentes está resolviendo las seis semanas fáciles de un problema mucho más largo.

Un estudio de huella de carbono no puede ser redactado en una tarde por el equipo de calidad.

Un análisis riguroso del ciclo de vida suele requerir entre seis y dieciocho meses y un presupuesto real. Por tanto, un proveedor que todavía no lo haya iniciado tendrá dificultades para tenerlo listo a tiempo, independientemente de su voluntad de cumplir.

La declaración de composición química y sustancias peligrosas debe existir a nivel del modelo específico de batería, no simplemente a nivel de toda la fábrica.

Los datos relativos al contenido reciclado y al origen de las materias primas —incluida la proporción de cobalto, litio y níquel procedente de fuentes recicladas— deben poder rastrearse a través de una cadena de suministro de varios niveles.

La mayoría de los fabricantes tienen una visibilidad limitada más allá de su proveedor directo de celdas.

Por este motivo, la trazabilidad de las materias primas suele ser la fase más lenta del proceso, independientemente del presupuesto o del consultor contratado.

La razón es sencilla: depende de proveedores de niveles anteriores de la cadena que, en muchos casos, no están acostumbrados a responder a este tipo de solicitudes.

Un informe de diligencia debida sobre abastecimiento responsable es un documento de gobernanza que requiere un verdadero proceso interno, no una hoja de cálculo completada la semana anterior a una auditoría.

Asimismo, el sistema de gestión de baterías (BMS) debe ser capaz de registrar y exportar datos sobre el estado de salud de la batería en un formato utilizable por el pasaporte.

Se trata de una cuestión de firmware y arquitectura de datos, no de documentación administrativa.

Nada de esto puede implantarse durante las últimas semanas.

Los proveedores que realmente estarán preparados en febrero de 2027 serán aquellos que hayan iniciado este trabajo estructural durante 2026, mientras sus competidores seguían considerando el pasaporte como una simple línea más de su vigilancia regulatoria.

Existe, sin embargo, una buena noticia.

El análisis del ciclo de vida encargado por un proveedor para preparar el pasaporte no es un documento de un solo uso.

Se basa en los mismos datos que alimentan las obligaciones más amplias de contabilidad de carbono de la empresa, así como otros proyectos de ecodiseño ya existentes o futuros dentro de la organización.

Los proveedores que hasta ahora habían pospuesto ambos temas por falta de urgencia pueden utilizar el plazo del pasaporte como una oportunidad para iniciar un trabajo que, tarde o temprano, tendrían que realizar de todos modos.

Un único conjunto de datos, varias obligaciones cubiertas, en lugar de un nuevo coste aislado añadido a los anteriores.

LO QUE LOS PROVEEDORES DEBEN RECORDAR

Elegir el software es la parte fácil.

El análisis del ciclo de vida, el expediente de composición y el informe de diligencia debida son los elementos que realmente requieren tiempo, y la trazabilidad de las materias primas a través de la cadena de suministro suele ser la fase más lenta, independientemente del presupuesto disponible.

Este trabajo debe comenzar ahora.

No solo porque se aproxima el plazo, sino porque esos mismos datos volverán a solicitarse para otras obligaciones, independientemente de que el pasaporte haya sido o no el motivo inicial para recopilarlos.

El punto ciego de los compradores

Después del 18 de febrero de 2027, una batería que no pueda presentar un pasaporte válido no podrá comercializarse legalmente en el mercado de la UE, independientemente de su precio.

Los compradores se enfrentan al problema contrario, pero igualmente real.

Un acuerdo de suministro firmado durante el segundo semestre de 2026 seguirá vigente, en la mayoría de los casos, durante 2027, 2028 y probablemente más allá.

En otras palabras, una decisión de compra tomada hoy únicamente sobre la base del precio o del plazo de entrega puede encontrarse con un obstáculo directo de acceso al mercado cuando la obligación entre en vigor.

El reglamento no contempla ninguna cláusula de exención para los contratos existentes.

Un proveedor incapaz de proporcionar el pasaporte exigido después del 18 de febrero de 2027 será un proveedor cuyo producto ya no podrá introducirse legalmente en el mercado de la UE, independientemente de lo que figure en la orden de compra.

No se trata de una infracción administrativa ordinaria que pueda resolverse mediante el pago de una multa antes de continuar con la actividad.

Es un problema de acceso al mercado.

Un producto bloqueado en la frontera representa un nivel de riesgo completamente distinto de una sanción que un departamento jurídico pueda simplemente provisionar.

La mayoría de los equipos de compras saben preguntar por el nivel de preparación del proveedor durante un proceso de licitación.

Sin embargo, verificar la respuesta es una competencia diferente.

La mayoría de las organizaciones de compras del sector energético no disponen internamente de los recursos necesarios para confirmar:

que el análisis del ciclo de vida declarado por el proveedor exista realmente;

que un informe de diligencia debida cubra efectivamente el alcance que afirma cubrir;

o que el BMS sea verdaderamente capaz de exportar los datos exigidos por el pasaporte.

Perseguir estas evidencias proveedor por proveedor dentro de un panel que puede incluir decenas de candidatos es precisamente el tipo de actividad que no puede escalarse fácilmente.

El resultado, para la mayoría de las organizaciones, son dos posibles escenarios de fracaso.

O bien el comprador acepta la preparación declarada por el proveedor y descubre demasiado tarde, en 2027, que no era real.

O bien intenta realizar toda la diligencia debida internamente y pierde meses repitiendo el proceso proveedor por proveedor.

LO QUE LOS COMPRADORES DEBEN RECORDAR

Un contrato firmado no exime al proveedor del cumplimiento del plazo, y la palabra de un proveedor no equivale a una prueba.

La preparación para el pasaporte debe verificarse antes de firmar, no después.

La diferencia puede ser simplemente plantear correctamente la cuestión una vez durante el sourcing a finales de 2026, o enfrentarse en 2027 a un envío bloqueado en una frontera de la UE bajo un contrato que ya está en vigor.

Dónde encaja Audit 9.0

BuyStep desarrolló Supplier Audit 9.0 a partir de una observación sencilla, resumida en su propia metodología:

Requisitos. Evidencias. Decisión.

Los dos puntos ciegos descritos anteriormente, el del proveedor y el del comprador, son en realidad el mismo problema observado desde los dos extremos de una misma transacción.

Un proveedor que haya realizado verdaderamente el trabajo de cumplimiento subyacente ya habrá generado prácticamente toda la información que necesita un comprador.

Lo que faltaba era un lugar estructurado donde pudiera presentar esta información una sola vez y un mecanismo que permitiera al comprador consultarla sin reiniciar todo el proceso de diligencia debida desde cero.

Audit 9.0 es gratuito para los compradores y se basa en más de 200 criterios declarativos, que cubren la situación jurídica del proveedor, sus capacidades técnicas, sus sistemas de calidad y su cumplimiento normativo.

Su sección de cumplimiento es precisamente donde se evalúa la preparación para el pasaporte de baterías.

No pretende registrar los 71 datos dinámicos específicos de cada batería individual, que pueden variar de una unidad a otra, sino evaluar la preparación documental y operativa que permite generar esos datos.

¿Existe el estudio de huella de carbono y está disponible?

¿Está disponible la declaración de composición química y sustancias peligrosas?

¿Puede rastrearse el origen de las materias primas y existen cifras reales sobre contenido reciclado?

¿Existe un verdadero proceso de diligencia debida para el abastecimiento de cobalto, litio y níquel?

¿Puede el BMS exportar datos relativos al estado de salud de la batería?

¿Existe una solución para serializar y alojar los datos del pasaporte?

¿Se han preparado las instrucciones de desmontaje y gestión al final de la vida útil?

¿Está disponible la declaración de conformidad?

¿Está registrado el productor en el marco de la Responsabilidad Ampliada del Productor (EPR) cuando sea necesario?

El proveedor responde una vez a estas preguntas y aporta las evidencias una sola vez.

A partir de ese momento, esa fotografía de su nivel de preparación puede ser consultada por cada comprador que lo evalúe, en lugar de tener que reconstruir todo el proceso desde cero en cada nueva licitación.

Para los compradores, la cuestión del pasaporte pasa así de:

«Confíe en mí»

a:

«Compruebe las evidencias usted mismo».

Y esa verificación tiene lugar antes de firmar un contrato, no después de que una expedición sea rechazada en una frontera de la UE en marzo de 2027.

Qué hacer antes de febrero de 2027

Establecer las prioridades no requiere demasiadas conjeturas.

Los proveedores que todavía no hayan iniciado un análisis del ciclo de vida deberían convertirlo en su prioridad número uno, teniendo en cuenta el tiempo que realmente requiere el proceso.

Al mismo tiempo —y no de forma secuencial— deberían comenzar a documentar la trazabilidad de las materias primas y sus procesos de diligencia debida.

Por su parte, los compradores deberían evaluar la preparación para el pasaporte de sus proveedores actuales con el mismo rigor que aplican a los nuevos candidatos, especialmente antes de asumir cualquier nuevo compromiso contractual que vaya a mantenerse más allá de febrero de 2027.

Cuanto antes se formule la pregunta, más margen tendrá el proveedor para responder de forma seria, en lugar de improvisar una solución a última hora.

BuyStep se basa en una convicción sencilla:

las decisiones de compra en el sector energético deben basarse en evidencias, no en presión comercial ni en confianza ciega.

Esta es también la razón por la que BuyStep no cobra ninguna comisión a ninguna de las partes en las transacciones que ayuda a evaluar.

En este sentido, el pasaporte de baterías es exactamente el tipo de problema que

BuyStep pretende resolver:

un plazo real, una verdadera falta de información y dos partes que comparten el interés de cerrar esa brecha antes del vencimiento y no después.

Source smarter. Decide better.